Fuente: Sociedad La Cosmológica (La Palma)

   En estos documentos es palpable la realidad política de la Restauración española (1874-1931), poniendo de relieve el divorcio entre la ficción constitucional (la Constitución de 1876) y parlamentaria y la manipulación y falseamiento que sustentaban el turno pacífico de los dos partidos dinásticos (liberal y conservador) y la estabilidad social. En realidad, la nación estaba dirigida y controlada por una elite de oligarcas y caciques, que falsificaba el sufragio y corrompía el sistema. El funcionamiento del sistema lo hacía posible la colaboración cómplice e interesada de un conjunto de personas que ocupaban distintos oficios y responsabilidades (políticos, militares, funcionarios municipales…). El procedimiento utilizado consistió, técnicamente, en un colosal, prolongado y sistemático fraude electoral, realizado mediante la adecuada comunicación e instrumentación de tres piezas escalonadas: oligarcas, gobernadores civiles y caciques, en perfecta triangulación, cada uno desde el ámbito de responsabilidad y ámbito político o social. Los partidos, desde el gobierno de turno, mantenían controlada y como cautiva la voluntad popular, convirtiendo en una burla y en un adorno constitucional el pretendido ejercicio de la soberanía nacional. La clase  gobernante se organizó en partidos (grupúsculos de «amigos» leales a sus jefes) con el único objeto de controlar el orden social y político para mantener su posición de predominio ideológico y para consolidar e incrementar su patrimonio, sus ganancias y rentas. Los dos partidos dinásticos, el liberal, dirigido por Antonio Cánovas del Castillo, y el conservador, liderado por Práxedes Mateo Sagasta, fueron el cauce necesario, previsto en la Constitución de 1876, para participar en la vida política. Tanto el partido conservador como el partido liberal representaban los mismos intereses y grupos sociales, observaban similar comportamiento y practicaban procedimientos parecidos en su manera de acceder al gobierno y en su praxis legislativa y gubernamental. Ambos partidos contaban para el turnismo  con el aval y protagonismo necesario de la monarquía —se trate de Alfonso XII, de la regente, o de Alfonso XIII—, que garantizaba, con su teórica misión moderadora, la alternancia pacífica. En realidad se trataba del reparto del poder entre dos facciones de la clase dominante, integrada por la oligarquía terrateniente y la burguesía comercial, industrial y financiera, unidos así el viejo y el nuevo orden social.  Tal suplantación de la voluntad popular se ejerció, además,  empleando no ya la posición social y económica (propiedad de la tierra, de negocios…), sino los propios mecanismos derivados del ejercicio del poder político o judicial que el sistema, el pueblo, les había conferido; por ejemplo: ministerios, gobernaciones civiles, alcaldías, concejalías, secretarías municipales, juzgados, etc.. Estamos, por tanto, ante una perversa utilización de las instituciones públicas a favor de un grupo social y en detrimento de la pureza de los comicios y de la participación real del electorado en los cambios de legislatura. El esquema de actuación del bloque de poder para amañar unas elecciones partía del cese del jefe del gobierno de turno por parte de la Corona, cuando entendía esta que estaba agotada la legislatura o advertía signos de cansancio en el ejercicio del poder ejecutivo o la oposición se mostraba ansiosa por regresar al poder. En esas circunstancias,  el rey nombraba para tal cargo al jefe de la leal oposición, a quien entregaba el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones que, mediante el pucherazo, le confería la mayoría parlamentaria para gobernar con comodidad, organizar un nuevo presupuesto, repartir cargos y favores a amigos políticos y a quienes habían participado, en sus diferentes fases, en la fabricación de los resultados electorales.

   Los caciques, verdaderos artífices del fraude generalizado, eran personas de relieve en el plano socioeconómico (grandes propietarios de tierras, dueños de fábricas, etc.) o de la administración municipal, que controlaban los resortes del poder político y, mediante la oportuna combinación de procedimientos (compra de votos, persuasión, amenazas, adulteración de papeletas o de actas electorales, recordatorio de antiguos favores, etc.), constituían el factor decisivo para que las actas enviadas a los gobiernos civiles se ciñesen al diseño de victoria electoral previsto y programado desde Madrid. Tal panorama, repetido en cada convocatoria electoral, contribuyó a la marginación política de la mayoría de la población. Ese sistema funcionó con eficacia y sin problemas hasta comienzos de la última década del siglo XIX, mostrando signos de agotamiento a partir de  entonces, que se agravarán con la crisis  de 1898 y con una serie de acontecimientos y factores de las dos primeras décadas del s. XX: irrupción de nuevas fuerzas políticas y sociales, determinadas actuaciones negativas en el Marruecos hispano, faccionalismo extremo en los partidos dinásticos desaparecidos sus principales líderes, crisis económica posterior a la Gran Guerra, conflictos obreros, etc. En Canarias, como es sabido, el poder lo ostentó el considerado gran cacique Fernando de León y Castillo, el teldense que desde el partido liberal (dos veces ministro y embajador en París), sobre todo a partir de la década final del s. XIX, pactó con la oligarquía de La Palma, fielmente representada por el partido conservador  ̶ en el que el clan Sotomayor era pieza clave ̶ , para otorgarle a esta el dominio absoluto en la isla (instituciones del Estado en la isla, Ayuntamientos, diputados de Cortes…).

   El documento 1, correspondiente a un fragmento del editorial del periódico La Asociación (28 de septiembre de 1879), fundado por el político palmero  republicano-federal Faustino Méndez Cabezola, defensor de una reforma profunda del sistema frente al periódico conservador La Palma, ataca a sus principales enemigos, encarnados en la expresión hombres de orden, cuyas artimañas, atropellos e ilegalidades en las elecciones denuncia con contundencia. Mencionemos frases como: hicieron que en la rectificación de las listas electorales del año anterior se eliminase ilegalmente un crecido número de amigos del candidato contrario y se incluyese no menos ilegalmente a muchos de sus enemigos […]; hicieron que los alcaldes de aquel bienio fuesen nombrados de entre los más decididos enemigos de dicho candidato; lanzaron amenazas de todas clases contra los electores que no votasen su candidatura; deportaron a varias personas a la isla de Tenerife por el solo delito de poder influir contra sus antipatrióticas e indignas pretensiones; suspendieron de sus destinos a honrados funcionarios; instruyeron diligencias para evitar que varios electores fuesen a votar en contra suya; colocaron fuerza armada frente al local de las elecciones; privaron a dos escrutadores contrarios suyos del derecho de formar parte de la mesa, a pesar de haber sido legalmente elegidos para ello; negaron bajo frívolos pretextos a otros electores el derecho de votar […]. Son estos flamantes defensores del orden los que en la última elección de diputado a Cortes […] emplean gruesas sumas en comprar conciencias de electores; hacen que algunos de sus secuaces se finjan funcionarios públicos para intimidar a aquellos; predican que en elecciones, no solo es lícito, sino que se debe faltar a la palabra empeñada; llevan la alarma a los sencillos campesinos haciéndoles creer que se intenta destruir los templos, con el fin de que voten su candidatura, que es la de los defensores de la religión; recorren durante meses a altas horas de la noche las casas de otros, cometiendo a veces verdaderos allanamientos de morada, para intimidarles con toda clase de amenazas, incluso la de muerte, con el fin de que voten su candidatura; ponen turbas de hombres extraños a la localidad armados de garrotes, cuchillos y piedras delante y encima de los colegios para ahuyentar de ellos a los electores; se introducen en las casas agenas [sic] y violentan cerraduras, intentando penetrar en los colegios antes de amanecer y abren alguno a esa hora […]; encantaran muertos, físicamente impedidos y personas que constan en actas notariales que permanecen a algunas leguas del pueblo durante el acto de la elección, diciendo luego delante de quien quieran oírles que les pesa no haber encantarado algunos más, y falsifican las actas de elecciones hechas con toda legalidad; y como si eso no fuera bastante celebran tan envidiables triunfos cantando a voz en grito coplas insultantes en casas de las más céntricas de esta población y disparando cañonazos y dicen que ganarán a todo trance cuantas elecciones haya aquí, tengan o no electores para ello. La claridad de la denuncia exime de comentario y retrata con fidelidad el modo de actuar que, a pesar del control social de gran parte de la población, pretendía sobre todo crear un ambiente de intimidación, evidenciar el poder indiscutible y la impunidad, lanzando un mensaje disuasorio frente a cualquier nimia posibilidad de disenso o rebelión. No solo el censo electoral era restringido, sino que cuando se implantó el sufragio universal (masculino) en 1890 no inquietó esta variación, teóricamente democratrizadora, al bloque de poder de la Restauración.

   Las restantes imágenes son impresos empleados como «cartas̶» que «recomendaban» el voto en un sentido determinado, el consensuado por los partidos del turno, y expresan con nitidez el reparto tramposo preeelectoral: el partido liberal, y en su nombre Servando Pereyra, comunicaba a su gente (a sus «amigos», un eslabón muy importante en la pirámide caciquil) la retirada en las próximas elecciones. Se señalaba que el representante que debía apoyarse en la isla (distrito único hasta 1916), con el apoyo del conservador Francisco Aciego Mendoza de las Casas, era un cunero (un hombre ajeno a la circunscripción, impuesto por las altas jerarquías, a veces desde Madrid), Francisco Fernández de Henestrosa, que ya había sido diputado por Guía de Gran Canaria y disponía del aval del gran cacique canario, León y Castillo. Con cierta resignación se justifica la decisión expresando: Estas circunstancias nos obligan a no entorpecer su elección y a aconsejar a nuestros amigos pueden cooperar a ella. Era un mensaje en un doble sentido: 1) razonamiento del partido en la isla para explicar la renuncia a la lid con candidato propio; 2) la necesidad de colaborar con los medios habituales para que el candidato pactado obtuviese una clara victoria.

   La tercera imagen contiene un mensaje similar al anterior: la invitación (movilización de las facciones políticas) a los «amigos» para apuntalar la candidatura del cunero Fernández de Henestrosa con su voto e influencias, es decir, activando a su red social, a sus círculos de conocidos, dependientes, deudos, medianeros, etc., para encauzar el voto hacia el político impuesto desde fuera en virtud del pacto alcanzado con el partido liberal.

   La cuarta misiva, relativa a las elecciones para diputados provinciales de 1896, es un modelo de movilización interna del partido conservador (las firmas son de dos pesos pesados de ese partido en la isla: Miguel de Sotomayor y Manuel Yanes) para que se vote a los candidatos conservadores, y finalizaba con idéntico mensaje que el impreso anterior: le agradeceremos nos auxilie con su voto e influencias.

   Por último, la imagen fechada en 1898 supone otra llamada al despliegue de influencias dentro del partido conservador para que continuase con la representación en Cortes nada menos que el palmero Pedro Poggio y Álvarez, el político más reiteradamente elegido con acta en Canarias durante la Restauración, por delante del mismísimo León y Castillo.