En el lugar e puerto de Garachico de la ysla de Thenerife, en veynte e çinco días del mes de junyo, año del nasimiento de Nuestro Salvador Jesuchristo de myll e seysyentos e un años, en prezençia de my, Lucas Rguez. Sarmiento, esc.º p.co del número de esta dicha ysla por el rey, nuestro señor, e de los testigos que se contendrán, paresió prezente María Hdez., byuda, mujer que fue de Alonso Rguez., difunto, vezina de este dicho lugar, a quyen doy fe que conosco ser la contenyda. E dixo que por quanto en syerta questión y enojo que tuvyeron el dicho su marido e Amador Glez., vezino de estas partes de Daute en El Tanque, el dicho su marido salió herido, de cuya herida luego murió e pasó de esta prezente vida; e por razón dello se querelló crimynalmente ante la justisia desta ysla por prezençia de uno de los vezinos della, e pretendía que el susodicho fuese castigado y condenado en pena de muerte. E porque después acá a sido ynformada que el dicho Amador Glez. no tuvo culpa y quel dicho Alonso Rguez., su marido, fue el agresor y dio cauza a su muerte; por tanto, que por servisio de Dios, Nuestro Señor, y por las cauzas que son dichas se apartava e apartó de la dicha querella e no le quiere acuzar, pedir ny demandar sivyl ny crimynalmente coza alguna. E pide a las justisias de Su Magestad no prosedan contra él, e a su cumplimiento obliga su persona e bienes. E dio poder a las justisias de Su Magestad que a ello le conpelan como si fuese sentensia definityva de juez conpetente pasada en coza jusgada, e renuncia las leyes de su favor y la de los enperadores Justinyano e Veliano que hablan en fabor de las mujeres, de cuyo remedio no se quyere aprovechar. E juró a Dios e a la cruz que este apartamiento no lo haze por temor de que no le a de ser guardada su justisia, sino por las cauzas de suso dichas. E porque no sabía escribir, a su ruego lo firmó Manuel Pérez, carpintero, testigo el susodicho, e Bartolomé Rguez., carpintero, e Melchior Núñez, vezinos y estantes en esta ysla.

AHPSCT, Prot. Not., leg. 683, f.º CXCIX.

   La legislación penal permitía desde finales del siglo XIII a una víctima de delito intervenir en la resolución del litigio mediante una carta de perdón. El «apartamiento» o «abajamiento» de querella, explicitado y formalizado ante escribano público, suponía un perdón privado y constituía el primer paso para que el denunciado quedase libre de sanción, pues además era precisa la concurrencia coincidente del juez, que podía no aceptar ese indulto privado si advertía o sospechaba coacción, por ejemplo, y por último se precisaba la intervención regia para corroborar la indulgencia penal. La carta notarial privada era indispensable para iniciar el procedimiento de indulto regio a través de la Cámara, con base legal en una ley de las Partidas (P. 7, 1, 22) con la justificación teórica de que un reo podía redimir su sangre, y en realidad esta práctica se reservó para delitos graves asociados a pena corporal. 

   Era frecuente, y así solía indicarse en el desistimiento, el recurso a los buenos oficios mediadores de algunos particulares, amigos o allegados de los interesados, y asimismo era común el pacto de una cantidad de dinero como compensación; a veces, todo se reducía -a pesar del lenguaje formalista, de las justificaciones o las apelaciones a una cierta composición amistosa lograda merced a la mediación de terceros, o por el servicio de Dios o como acto de justicia o caridad u olvido, o con referencias al dudoso, costoso y dilatado calvario jurídico propio de esos tiempos-, a una transacción en la que primaba el dinero exigido al querellado como precio de la renuncia al seguimiento de la causa. El juez era conocedor de este mercadeo, pues la propia Ley de las Partidas aludía al dinero asociado a las avenencias entre las partes, hasta el punto de que algunos teóricos juristas de la Edad Moderna empleaban el término apartamiento como sinónimo de transacción. Por tanto, era legal y aceptable el acuerdo entre partes con dinero por medio, excepto en las causas por adulterio, pues el desistimiento debía ser plenamente inclusivo, alcanzando no solo a la mujer (en el caso de ser esta la denunciada por su marido) sino a su amante, ya que no se podía perdonar únicamente a una de las partes. Sin embargo, procuraba silenciarse el posible monto de la operación o su mera existencia, pues el juez podría interpretar esa explicitación como confesión de reo y continuar la causa; esto significaba que el perdón de la parte ofendida, en aquellos delitos castigados con pena corporal solo redimía ante el juez en lo referido a la aplicación de esta, pero al identificarse con claridad el acusado como tal en el documento transaccional el funcionario de justicia lo condenaba de oficio con otro tipo de pena inferior, cuando lo que se buscaba era el completo indulto. De ahí la simulación de gratuidad en las cartas de perdón. Es más, esta última posibilidad de independencia de criterio del magistrado siempre era temida. 

   En el texto aquí presentado una viuda, María Hernández (la condición de viudedad concedía plena libertad a la mujer para actuar sin precisar autorizaciones, poderes especiales o dispensas tutelares de varón, fuese en ajustes mercantiles como en procesos judiciales), exponía cómo debido a una questión y enojo habido entre su difunto esposo, Alonso Rodríguez, y un tal Amador Rodríguez, se produjo una reyerta con resultado de herida grave y consecuente muerte de su marido. Ella se querelló contra Amador solicitando la pena capital, pero al cabo de un lapso temporal no desvelado (se omite cuidadosamente toda referencia a las muy seguras «conversaciones», contactos a través de mediadores o negociadores con el imputado o sus parientes, posible cantidad monetaria para modificar la actitud de María…), la viuda se avino, en una en apariencia radical variación respecto a su creencia inicial y versión primigenia, sustentadora del proceso judicial en trámite. Tal es así que la viuda ahora reconocía que, tras recibir más información, se había percatado de que realmente la víctima había sido el acusado de homicidio, mientras el agresor había sido el fallecido marido, que había incitado a Amador. Un giro así invita a pensar en la entrega de una buena cantidad de dinero. El resto del documento es pura formalidad, pero muy necesaria: la petición de parte a la justicia real para finalizar la causa, la renuncia a las leyes favorecedoras de las mujeres, el juramento divino de renuncia futura de acción penal considerando todo como cosa juzgada (este aspecto era esencial), y extendiendo el juramento a que su desistimiento no se relacionaba con el temor a no obtener justicia. Precisamente estas cláusulas de seguridad propias de las transacciones ante notario abonan más la tesis de la avenencia onerosa y no gratuita, como se pretendía hacer ver. Y es que, como antes se dijo, con este documento en mano la parte denunciada contaba ya a su favor con la seguridad de que la intervención del querellante había llegado a su fin, reputándose como extinguida su acción judicial. Indudablemente, esto nos sitúa, ya al margen de lo estrictamente jurídico, con otras realidades, como el peso del dinero para ayudar a rehacer la vida a una joven viuda, y la desigualdad fabulosa ante la justicia en una sociedad de profundas brechas sociales como era la del Antiguo Régimen: quien poseía bienes podía en muchos casos redimir su pena de sangre, de modo que con dinero y la «mediación» de influyentes personajes locales se venciese tras un breve tiempo el encono, la sed de justicia y hasta el espíritu vengativo de los ofendidos, que en caso de pertenecer (como casi todo el cuerpo social) al segmento más desfavorecido y desprotegido, podía aceptar un acuerdo que suavizase su situación económica y social. Nunca sabremos qué promesas, amenazas, desvalimiento, intervención de poderosos afectos a la parte denunciada, clima social adverso en pequeñas aldeas, etc., estuvieron presentes en tantas renuncias a la acción de la justicia.