[Orden al capitán D. Juan Riquel y Angulo]

 El cappitán general de la artillería de el exérsito de Estremadura, D. Alonso Dávila y Guzmán, cavallero de la orden de Calatrava, governador y cappitán general de mar y tierra en estas yslas de Canaria y presidente de su Real Audiençia de Canaria:

   El cappitán D. Juan Riquel y Angulo, que lo es de una de las compañías del tersio de Garachico: el domingo que biene, que se contarán beynte y uno del corriente, aviendo anochesido llamará a su casa al alferes, sarxentos y cavos de esquadra de su compañía uno a uno, con tal dispossión que no cause sospecha, y dándoles notisia desta orden los detendrá en dicha su casa sin que puedan hablar ni dar aviso a persona alguna, dentro ni fuera de ella. Y a la ora de las nuebe de la noche, quando entienda que estarán todos los soldados de su compañía y quartel recoxidos, saldrá con los dichos ofiçiales, y con el menor ruydo pusible prenderá seys soldados de la dicha compañía y su quartel, aunque no estén alistados, para que bayan a servir a Su Magestad en el tersio que me a mandado aga en estas yslas. Y los remitirá con toda siguridad a esta çiudad, prebiniéndolo con tanta sagasidad y secreto que ninguno lo presuma antes de la exxón. Y se le encarga debajo de su consiensia que, sin atensión a passión alguna, los que prendiere sean aquellos que jusgare arán menos falta en sus casas y en el lugar y compañía, y antes que a otros prenda a los que fueren de malvivir y estubieren yndisiados de algunos delitos o causaren ynquietudes. Y lo executará sin réplica, escusa ni dilassión alguna, pena de quinientos ducados aplicados para gastos del dicho tersio, y que yrán su persona y ofisiales a servir a Flandes en él por los que no prendiere y entregare. Y si estando executando esta orden allare alguna resistensia, pedirá favor y ayuda al capitán de la compañía de leva que se lebantó en ese lugar. Y en ausiensia del dicho capitán D. Juan Riquel executará esta orden su alferes con las mismas prebensiones, como si con él ablase. Dada en La Laguna, a catorse de febrero de seystos y sinquenta y sinco años.

[Firma: Don Alonso Dávila y Guzmán]

[Más abajo: Por mandado de don Alonso: Joseph de Carriaço]

[Folios más adelante (f.º 98, se reproduce  un escueto escrito del capitán general al capitán Riquel, fechado el 9 de marzo de 1655, expresa: Los soldados que faltaban a su obligón de v. m. han llegado oy, y a no justificarse que la prisión era hecha antes del domingo se volvieran libre aunque v. m. no diera entera satisfazón, que así lo digo en el bando que mandé publicar]

  AHPSCT, Prot. Not., leg. 110, f.º 97.

   La participación de Canarias en las levas hispanas fue tardía, en comparación con otros territorios de la monarquía, pero al igual que sucedió con la exigencia de donativos, estas penosas obligaciones comenzaron en la década de los años treinta del seiscientos, conforme la política internacional de los Austrias y la decadencia demográfica y económica de Castilla impuso una superior implicación de otras zonas, incluyendo a las exentas y más reacias a las contribuciones. La primera recluta al exterior que afectaba a las islas se decretó en 1638 y fueron seguidas de otras, unas fallidas y otras exitosas, unas relativamente toleradas y de formas más flexibles o suaves, pactando los generales con las oligarquías locales, otras con malos modos y coacciones. Una paradigmática de este último tipo fue la de 1654, durante el mandato del gobernador y capitán general D. Alonso Dávila y Guzmán, que había llegado a Canarias a mediados de 1650. La movilización realmente había tenido su principio desde un punto de vista institucional, pero sin efecto, en 1652, pues en esa fecha se había determinado la primera intención, que era alistar a 1.000 soldados para combatir en Cataluña, rebelada desde 1640, bajo el mando del maestre de campo D. Francisco Antonio de Castrejón. Los apoderados en Corte del Cabildo tinerfeño trataron de impedir la movilización en 1653. La demora y la variación de las circunstancias internacionales determinaron un giro, pues preocupó más la situación en el secular teatro bélico de Flandes. Ya entonces se volvió inapelable la resolución, reconvirtiendo las condiciones: en los primeros meses de 1654 se ordenó la inscripción de 2.000 reclutas isleños para luchar en Flandes. En marzo el capitán general avisaba de la inminente llegada de Castrejón para proceder a la recluta, presentada como voluntaria. En septiembre se habían anotado 500 hombres en 14 compañías en varias islas, número que se incrementó ligeramente en los meses posteriores, pero pasado ese primer período la ralentización predominó y se vio claro que era imposible el cumplimiento de la orden.

   Sucedió entonces lo que en otras ocasiones  ̶ no todas ̶  aconteció en contextos similares: lo «voluntario» se convirtió en forzado y se recurrió a la coacción sin paliativos. Realmente el término «voluntario» es siempre relativo, pues solía indicarse, bien fuera en la orden real o en las instrucciones de los capitanes generales (y cuando no existía pauta expresa se obraba conforme a esa premisa), que debía obligarse (existían muchas maneras de conducir a los desarraigados y desvalidos a la leva) a los vagabundos, desocupados, «gente de mal vivir», y al final a los mozos solteros a la inscripción, cuando ya no funcionaban los llamamientos, bravuconadas, relatos fantasiosos, promesas, convencimiento con alguna paga anticipada… A comienzo de 1655, el impaciente general Dávila se decidió a emplear cualquier medio, a pesar de las súplicas concejiles, aunque aviniéndose a rebajar la cifra de la orden real a 1.500 hombres. Había recibio ya a principios de febrero dos reales cédulas (fechadas en septiembre de 1654) facilitando la disponibilidad de fondos para financiar la operación. El panorama socioeconómico en Canarias no era el más favorable: dificultades mercantiles a causa de la independencia portuguesa, donativo reciente, presencia del comisionado Gómez del Ribero (aludido ya en otro documento anterior de esta serie) para investigar los fraudes en el comercio indiano. Esto empeoró y contaminó el ambiente social.

   El uso de métodos violentos, bajo la dirección del capitán general, para la caza humana provocó un rechazo generalizado, en especial en las islas realengas (más pobladas y, por tanto, más demandadas de jóvenes reclutas), en todos los sectores sociales. Los hombres se retiraron a los montes y quebradas […] temerosos no los obliguen y lleven forsados, como se hase con los demás, con que se pierden totalmente las dichas viñas y sembrados. La razón estuvo en la acción desencadenada a partir de mediados de febrero de 1655, a la que alude el documento, que constituye un testimonio evidente de los métodos usados. La orden firmada por Dávila el 14 de febrero (la aquí reproducida iba dirigida al capitán D. Juan Riquel y Angulo, cabo de las compañías del tercio de Garachico) instruía con claridad sobre una serie de promenores que desglosamos así:

  1. El domingo siguiente, 21, era el fijado para la redada. La discreción era la máxima en el proceder: el capitán debía convocar escalonadamente a sus oficiales a su domicilio, donde les comunicaba el auto de apresamiento de una serie de hombres, sin permitir a los subordinados la salida de la vivienda hasta el inicio de la operación para evitar la fuga de información, ya que pondría en aviso al colectivo seleccionado para la conscripción.
  2. La hora establecida eras las nueve de la noche; es decir, el comienzo del toque de queda, pues suponía que debían estar retirados en sus casas los soldados de su compañía y su quartel, aunque no estén alistados. Esto es importante, ya que el listado de una compañía podía ser deficitario, bien por falta de actualización, negligencia, ocultación de algunos…
  3. El objetivo era capturar a seis hombres. No solo se utilizó la estructura miliciana como elemento indispensable para las reclutas (lo fue en todas las movilizaciones dispuestas por la Corona), sirviéndose de sus jefes como enlaces y buenos conocedores de sus lugares y buena parte de los inscritos (mucho más que los maestres de campo de los tercios, o futuros coroneles de los regimientos, cuando cambie la denominación de aquellos), sino que las nóminas de soldados fueron clave en las levas en cuanto la voluntariedad no bastó para reunir la cifra prevista por la Corte.
  4. Tras el apresamiento (no se precisa el lugar de estancia de los detenidos mientras se completaba la cantidad decretada), el siguiente paso era la conducción de aquellos con toda siguridad a la capital insular, lo que implicaba la custodia del grupo a cargo, posiblemente, de un sargento y varios milicianos. La clave de todo, como se enfatizaba, era la sagasidad y secreto.
  5. Respecto a las caraterísticas de los elegidos, la prioridad marcada por el capitán general (los Concejos fueron orillados en todo momento, pues todas las decisiones de alcance las adoptaba Dávila, que se limitó a servirse de los Ayuntamientos como soporte financiero y logístico) fue la aprehensión de los conceptuados como de malvivir, los inculpados o sospechosos de delito y los que podríamos encuadrar como inadaptados o descontentos sociales (los que causaren ynquietudes). En segundo término, se encomendaba a la recta conciencia del jefe de la compañía la designación del resto del cupo, aludiendo expresamente a los que jusgare arán menos menos falta en sus casas y el lugar y compañía. Mezclaba así conceptos, categorías y unidades territoriales y sociales, que podrían originar pautas abusivas y desiguales en el proceder de los oficiales, primando o castigando con el favor de la exclusión o inclusión de los destinados al combate en función de circunstancias familiares, laborales… Esto quebraba la buena voluntad del principio que miraba por los casados o con responsabilidad o carga familiar (hijos, padres mayores incapacitados…).
  6. Terminaba el mandato de Dávila con una exhortación dedicada a la firmeza en el procedimiento: por un lado, se apercibía a los mandos sobre la grave sanción pecuniaria y personal (sustitución de los no apresados por su dilación o flaqueza); por otro, ante una posible obstrucción por la población debían demandar apoyo profesional (el capitán de la compañía de leva levantado en el lugar de apuro).

   El escrito, aparte del capitán general, iba firmado por su secretario Josep de Carriaço, que ocupó ese empleo con varios gobernadores de las islas y sería veedor y contador de la gente de guerra del archipiélago. En principio figuró como capitán de una de las compañías de la leva, pero al final no llegó a embarcar a causa de una enfermedad.

   Consta que en La Palma se obró de igual manera, pues consta en sus actas concejiles la protesta de los regidores: ya no parese en la çiudad moso ninguno, que lo mismo pasa en los lugares del canpo, porque todos se an alsado a los montes. Más arriba se aludió a las tensiones sociales e institucionales con el capitán general debido a la fuerza y dureza ejercida en este recluta, imperturbableaaquel frente a las peticiones de las autoridades y los lamentos de la población. Al final embarcaron unos 1.200 hombres en el verano de ese año, pocos meses después de la orden analizada de febrero. La inmensa mayoría (alrededor de un 60 %) eran de Tenerife, con participación de todas las islas, salvo Fuerteventura y Lanzarote.